Con mayoría chavista, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo instando al presidente Maduro a romper vínculos comerciales y financieros con empresas de la UE, tras la inclusión de Venezuela en la “lista gris” de riesgos por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La resolución califica la decisión europea como “ridícula” y acusa a la UE de desestabilizar la economía nacional sin presentar pruebas. La votación del Parlamento también mencionó la posibilidad de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como represalia.
Mientras tanto, la UE anticipa que la lista implica mayores controles y monitoreo para las transacciones con Venezuela, elevando costos de cooperación y comercio.
El gobierno reaccionó con dureza: los diputados oficialistas calificaron a la UE de injerencista y señalaron que la estrategia servirá para fortalecer alianzas con países que comparten “la soberanía nacional”, como Rusia, China e Irán.
La oposición y algunos sectores empresariales advierten que aislar al país de los mercados europeos agravará la crisis económica y limitará el acceso a tecnología y capital crítico en época de alta inflación y escasez de inversión extranjera.